20 may. 2011

Uruguay decide no investigar sus violaciones de DD.HH.


En el congreso uruguayo apenas un voto fue lo que impidió la anulación de una controvertida legislación que impide juzgar a quienes estén acusados de crímenes de lesa humanidad en el último gobierno militar (1973-1985).
El proyecto de reforma venía impulsado por la coalición gobernante, Frente Amplio. Sin embargo, el rechazo de un diputado de su propia bancada no le permitió obtener la mayoría simple que abriría las puertas a una revisión judicial de las violaciones de los derechos humanos en dicho período. El legislador que votó en contra, Víctor Semproni, fue arrestado y torturado durante el régimen militar (ver recuadro).

La votación quedó igualada (49 del oficialismo y 49 de la oposición), lo que de alguna manera refleja por qué esta propuesta de anulación es tan controvertida en Uruguay.
Y es que en dos ocasiones el proyecto fue llevado a referéndum popular y en la misma cantidad de veces fue rechazado por la población.
De ahí que el intento del Frente Amplio de hacer pasar la anulación por el legislativo estuviese cargado de polémica.

El tema constitucional

"El argumento que más pesó en el debate político fue que la ciudadanía uruguaya manifestó dos veces, en 1989 y 2009, su rechazo a la anulación de la ley", dijo a BBC Mundo el abogado constitucionalista Rubén Correa Freitas.
Sin embargo, el experto explica que hubo dos motivos jurídicos que llevaron a buena parte de los diputados a manifestar su rechazo.
El primero es que se consideraba inconstitucional que el congreso tuviese la facultad de anular una legislación, algo que se estima le correspondería al poder judicial.
Y el segundo elemento es que la reforma impulsada por el oficialismo apuntaba a modificar el régimen de prescripción de los delitos cometidos en esa época de manera retroactiva.
"Es un tema doloroso (los crímenes de lesa humanidad en el último gobierno militar), pero las encuestas señalan que los uruguayos estamos cansados de este tema. Hay que seguir adelante y pasar la página", apuntó.
No obstante, la subdirectora de las Américas de Amnistía Internacional, Guadalupe Marengo, señaló que "esto hubiese sido un gran paso adelante para las víctimas de los horrendos abusos de derechos humanos durante la dictadura".
"Uruguay tiene la obligación moral y legal de darle justicia a aquellos que sufrieron de torturas y otros abusos; no debe proteger a los torturadores de una investigación y juicio", agregó.
En abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto –por el caso de la desaparición de María Claudia Iruretagoyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman- y señaló que la Ley de Caducidad no debería obstaculizar las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos "por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas".
El ente además instó al Estado uruguayo a que "adecue su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos", y que inicie "la investigación de los hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea".
Además, el poder judicial uruguayo ha declarado como "inconstitucional" a la Ley de Caducidad en varias oportunidades y para casos puntuales, lo que ha permitido el enjuiciamiento y encarcelamiento de la cúpula del último gobierno de facto.
Sin embargo, los cuadros medios y bajos han permanecido arropados por la amnistía declarada en 1986.

División

El debate parlamentario empezó el jueves en la tarde y terminó el viernes casi a las 6 de la mañana.
El proyecto de anulación había sido aprobado el año pasado en la misma cámara y hace poco más de un mes en el Senado.
Sin embargo, algunas modificaciones de los senadores exigían que la propuesta legal fuese votada de nuevo por los diputados.
Antes las objeciones jurídicas y políticas manifestadas por varios legisladores del oficialismo, el Frente Amplio llamó con anterioridad a la disciplina partidaria.
Varios diputados oficialistas se acataron aunque consideraban la reforma como "errónea", excepto el parlamentario Víctor Semproni quien ahora está en riesgo de ser sancionado por su partido.
Semproni advirtió antes de la sesión que se ausentaría para no votar.
"Con dolor, no lo vamos a hacer porque esto es un tema de conciencia que no podemos eludir", reiteró ante el pleno, cuando le tocó su intervención en la madrugada del viernes.
El rechazo a la anulación de la Ley de Caducidad impide ahora que en Uruguay –como sucede actualmente en Argentina- se inicie una numerosa cantidad de juicios a militares por delitos de lesa humanidad. Y ahora no queda claro si el Frente Amplio buscará otras maneras de anular la Ley de Caducidad.
Hace pocos meses la cúpula castrense del país admitió que había "nerviosismo" entre militares activos y retirados por la posibilidad de que se permitiese investigar lo sucedido.
Se estima que en Uruguay hubo cientos de desaparecidos en este período de tiempo, a diferencia de las decenas de miles que las organizaciones de derechos humanos cuantifican en Argentina, en el gobierno militar de 1976-1983.